El Protocolo para la contratación equitativa de personas trabajadoras migrantes pertenecientes a pueblos indígenas, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la agencia CIERTO, pretende promover y proteger sus derechos respetando sus valores, intereses, principios y lógicas.
Ante el panorama desafiante de la migración laboral en Centroamérica, los esquemas de trabajo temporal se están expandiendo por la escasez de mano de obra en países como Canadá, los Estados Unidos, México y España, situación que se intensificó producto de la pandemia de COVID-19.
Datos oficiales recogidos en un estudio de la OIT señalan que en 2021 se emitieron más de 23 000 permisos de trabajo temporal a trabajadores guatemaltecos para los Estados Unidos, Canadá y México. Para los Estados Unidos se expidieron 5 893 visas H-2A (para trabajos temporales agrícolas) y H-2B (para trabajos temporales no agrícolas), 13 510 para Canadá (Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero y Programa de Movilidad Internacional) y 3 747 Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) para México.
El protocolo hoy presentado propone adoptar acuerdos sobre las condiciones de la contratación de las personas indígenas. En cooperación con los propios pueblos indígenas, en el protocolo se incluyen medidas específicas en la formación (por ejemplo, para respetar sus conocimientos previos y creencias) y la contratación (contenido del contrato, procedimiento para una posible denuncia o queja), y hacer un seguimiento y evaluar la experiencia cuando retornan al país de origen.
«Las personas trabajadoras pertenecientes a pueblos indígenas son especialmente vulnerables a incumplimientos de derechos laborales cuando son contratadas para trabajar en el extranjero, y el papel de las agencias de empleo privadas en prevenirlo es crucial. Este protocolo servirá de orientación a todas aquellas agencias para cumplir con la ley y aplicar los principios de la contratación equitativa, evitando cobros indebidos, violencia, discriminación, racismo, acoso e incluso el trabajo forzoso», destacó en la presentación del protocolo Ana María Méndez, Oficial nacional de migración laboral de la OIT para Guatemala
Sobre la responsabilidad de las agencias, Joe Martínez, director general de CIERTO, apuntó: «Hemos aprendido que las personas trabajadoras migrantes reclutadas bajo un modelo de contratación equitativa tienen una comprensión más clara de lo que se espera de ellas y lo que pueden esperar a cambio, es decir, las y los trabajadores que están libres de una migración basada en el miedo son significativamente más productivos y es más probable que alineen su propio interés con el del empleador y sepan cómo usar su voz».
El protocolo se basa en principios propios de los pueblos indígenas (principios de comunidad, de participación y de no discriminación), en lo dispuesto por el Convenio núm. 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y los Convenios sobre migración laboral, así como en los Principios generales y directrices para la contratación equitativa de la OIT.
El documento está dirigido a toda agencia de empleo privada (incluidos sus intermediarios, reclutadores o subagentes) encargada del reclutamiento y contratación de personas que buscan oportunidades de trabajo en el extranjero.
El protocolo se presentó este lunes 24 de julio de 2023 ante representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, agencias de reclutamiento, periodistas y medios de comunicación. En el evento de lanzamiento participaron personas trabajadoras migrantes que compartieron su experiencia.
Proyecto regional
Esta iniciativa está financiada por Canadá a través de la alianza entre el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) con la OIT en el proyecto «Contratación equitativa en Centroamérica: fortalecer las capacidades institucionales para la integración socioeconómica de personas migrantes y refugiadas». El proyecto se centra en fortalecer la colaboración regional para mejorar las prácticas de contratación equitativa, así como la integración de las personas migrantes y refugiadas, incluidas las retornadas, en los mercados laborales locales de Costa Rica, Guatemala y Honduras. Además de revisar y proponer actualizaciones de la legislación laboral, con esta iniciativa se busca apoyar en la certificación de competencias, mejorar el acceso a la formación profesional y proporcionar asistencia técnica a organizaciones de los sectores público y privado sobre prácticas de contratación equitativa. Además de lograr una mayor integración laboral y mejorar la autonomía de las personas refugiadas y migrantes, el proyecto pretende evitar que se conviertan en víctimas de trata de personas y de trabajo forzoso.
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